Más allá de los hábitos de consumo de los ciudadanos, entre los facilitadores del consumo responsable para el desarrollo sostenible, se reconoce una implicación mayor de los organismos supranacionales en materia de desarrollo sostenible que a los propios gobiernos nacionales, a la vez que se exige un mayor compromiso de las grandes empresas y multinacionales. (Ver Imagen superior)
Por tanto, es necesario que organizaciones y empresas comprendan los cambios en que está inmersa la sociedad, para hacer y emitir sus mensajes al consumidor/ ciudadano porque la condición de ciudadanos consciente de los problemas comunes puede cambiar comportamientos de consumo; en la producción y el consumo de productos y servicios se incluyen asuntos tales como ideas, valores, tendencias.
Entre las actitudes y motivaciones de los consumidores hacia el consumo responsable el estudio revela que el consumidor no premia a las empresas comprometidas aunque sí castiga a las que no lo son. A esto debe sumarse que el consumidor todavía no está preparado para asumir un mayor coste por un producto de consumo responsable frente a otro que no lo es. En igualdad de condiciones económicas, el consumidor sí valora el compromiso ambiental, y, a veces, social de la empresa, pero no por ello premia y acepta pagar más frente a otra que no lo es.
Por otra parte, los ciudadanos no se consideran informados de las cuestiones relacionadas con el desarrollo sostenible de la sociedad. Uno de los medios para que el consumidor pueda elegir con conocimiento de causa es proporcionarle información técnica comprensible, pertinente y creíble por medio del etiquetado de los productos o a través de otras fuentes de información a las que se pueda acceder con facilidad. En este sentido, las TIC y otras herramientas de información abren nuevas perspectivas para el intercambio de información.
Por último, los encuestados opinan que es el Estado, la Administración Central, la principal responsable de informar sobre el desarrollo sostenible, pero hay cuatro agentes más: las empresas privadas (en especial, las de energía), los medios de comunicación, las asociaciones del tercer sector y, por supuesto, la formación académica o reglada, la educación o la universidad.
